La Diputación de Granada consolida a cargos de confianza como funcionarios de élite de por vida

Algunos funcionarios logran tener un chollo de por vida. Al calor del gobierno de turno, se convierten en altos directivos y consolidan el máximo nivel de manera vitalicia tras dos años en el cargo. En la Diputación de Granada, que el PP consiguió gobernar por primera vez en su historia tras las elecciones municipales de 2011, hay casos tan increíbles como escandalosos. El PP ha incorporado a la estructura profesional de la institución a personas afines, que han llegado a la Diputación sin ningún procedimiento selectivo y se han convertido en cargos directivos profesionales que cobran un nivel 30 y complementos que mantendrán cuando sean destituidos.

Esos cargos de confianza no sólo se consolidan como trabajadores de élite de la función pública, sino que reciben prebendas. El pasado mes, el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, que también es presidente del PP de Granada, senador y concejal, firmó distintas resoluciones para pagar un sobresueldo a tres cargos directivos colocados por él que suman más de 20.000 euros. Se trata de complementos de productividad que oscilan entre los 7.500 y los 6.000 euros y que, según ha denunciado el PSOE, el equipo popular reparte de manera arbitraria entre su gente. En el reparto, el director de Fomento y Obras Públicas, J. de la R. H. se lleva 7.528,74 euros; el director de Economía, M.M.F., 7.755 euros, y el director de Función Pública, J.F.G., 6.022 euros.

Los agraciados no son funcionarios de carrera de la Diputación. Pertenecen a la función pública, pero llegaron a la institución como cargos de confianza de la mano de Sebastián Pérez, que en junio de 2012 modificó la Relación de Puestos de Trabajo de la institución para suprimir puestos eventuales, que eran cargos de confianza, y convertirlos en directivos profesionales. Así, el presidente de la corporación provincial eliminó del listado de cargos de confianza los puestos de coordinador de Función Pública, la dirección de Economía, la dirección de Familia y Bienestar Social y la dirección de Fomento y Obras Públicas para transformarlos en direcciones de servicio profesionales y darle estabilidad laboral y salarial a su gente de confianza. Esa decisión supuso un incremento salarial. Las retribuciones de estos cargos pasaron de 42.000 euros brutos anuales a 50.900 más incentivos y un complemento de destino del máximo grado, el nivel 30, que conlleva otro incremento de sueldo

“Estos altos cargos afines al PP llegaron a la Diputación sin ningún procedimiento, simplemente porque el dedo del presidente, Sebastián Pérez los había señalado”, afirma la viceportavoz segunda del grupo socialista de la Diputación, Fátima Gómez. “Sebastián Pérez se trajo a la Diputación a cuatro amiguetes, los nombró personal eventual y al año siguiente los hizo directivos profesionales de la Diputación Provincial, con un incremento del coste económico para la institución y sin ningún beneficio claro para la misma”, añade. Su compañero de grupo, el diputado provincial Manuel Megías, afirma que esos directivos llegaron a la Diputación como cargos de confianza, “nombrados por el dedo mágico del presidente y han acabado como directivos, con mejores retribuciones y mejores condiciones laborales mientras congelan salarios y suprimen la paga extra a otros trabajadores de la institución”.

La decisión de Sebastián Pérez de premiar ahora a esos directivos con un sobresueldo puede constatarse en las resoluciones que él mismo ha firmado, en las que queda claro que se trata de complementos de productividad. Pese a ello, el diputado provincial de Función Pública, Francisco Javier Maldonado, ha negado a una emisora local que el equipo popular esté pagando complementos de productividad.

Pero los documentos oficiales de la Diputación, que son resoluciones firmadas por el presidente, demuestran que el gobierno provincial del PP ha repartido más de 20.000 euros entre tres altos cargos colocados a dedo que mantendrán el nivel funcionarial y el sueldo de por vida, independientemente del puesto que ocupen en la función pública. La decisión ha creado un profundo malestar en la plantilla de la institución, que tiene unos 1.400 trabajadores, a los que se les ha congelado el salario y cercenado las opciones de promocionarse en la función pública.